“un texto de Sergio Bravo publicado por AdCultura”

La  Asociación de Gestores/as Culturales de Chile,  AdCultura, declara:

Hemos tomado conocimiento de la decisión del Ministerio de Hacienda de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre donaciones sociales y culturales que, en la práctica, reemplazaría la actual Ley 18.985 de donaciones culturales, conocida como Ley Valdés. Al respecto queremos puntualizar lo siguiente:

  1. Nuestro gremio congrega a un conglomerado muy importante de trabajadores/as de las culturas, las artes y el patrimonio que hemos sido gestores/as y usuarios de este instrumento. Muchos de los proyectos culturales que han sido viables gracias a este mecanismo -que allega cofinanciamiento público al aporte privado-  han sido y siguen siendo significativos para el desarrollo humano en Chile. Conocemos también sus debilidades de implentación y su insuficiencia para enfrentar las carencias y desafíos que tenemos como país en los ámbitos de las artes, la cultura y el patrimonio, y en otros aspectos del desarrollo al que aspiramos. Estamos por lo tanto en condiciones de aportar conocimientos y experiencias para un adecuado diagnóstico que permita su perfeccionamiento.
  2. Nos sorprende y nos molesta  sobremanera que nos hayan dejado, junto a prácticamente todos los gremios de nuestro sector, sin espacio para participar en una conversación que nos incumbe y nos compete. La información sobre el proceso de elaboración del proyecto de ley ha sido pobre e ineficaz. No ha existido ninguna instancia formal gestionada por la autoridad para informar las consecuencias de este cambio, conocer nuestra opinión ni recoger nuestros aportes.
  3. Coincidimos con las voces que señalan que en Chile carecemos de un sistema, una política, mecanismos y una cultura de Filantropía que cumpla con los estandares que algunos países más desarrollado han situado como umbral de excelencia. Se trata de un problema complejo que toca, a su vez, puntos neurálgicos del debate sobre justicia tributaria, transparencia, colaboración público privada, participación ciudadana organizada, entre otros. Desde nuestra perspectiva, es indispensable que la configuración de un sistema que tenga a la base el fortalecimiento de organizaciones que colaboran con políticas culturales, de su sostenibilidad y autonomía, sea construida en diálogo con estas organizaciones y sus asociaciones. Es indispensable considerar también la expresión de la diversidad de realidades de regiones distintas de la Metropolitana.
  4. Es muy contradictorio que el proceso de elaboración de un proyecto de ley que deslinda en varios aspectos con el sistema tributario, con el rol de la sociedad civil y el sector privado (empresarial o no) en el desarrollo, quede restringido a un grupo de organizaciones de limitada representatividad respecto de una realidad nacional territorialmente muy diversa. Es inoportuno que se haga en medio de un clima de opinión favorable a reformas tributarias integrales. La Ley Valdés fue creada justamente en un momento histórico en que ese debate fue predominante.
  5. No conocemos el proyecto de ley. Conocemos una minuta sobre los principios que animan su elaboración,  muchos de los cuales parecen promisorios. Sin embargo, presentar la integración de las donaciones sociales, deportivas, religiosas, medioambientales, culturales, etc. como de suyo favorable a todas las organizaciones de estos sectores, eliminando los beneficios de la Ley Valdés para ajustarlos a la integración, nos parece incorrecto. Creemos que esta postura merece un análisis más profundo de sus consecuencias, análisis del que queremos ser parte. Tenemos casi un siglo de historia en que nuestro sector ha luchado por el reconocimiento de su especificidad y por la valoración de un aporte imprescindible para la gestión del desarrollo humano. Honramos nuestra historia cuando nos ponemos en alerta frente a riesgos de retroceso.

En conclusión, demandamos con urgencia a las autoridades pertinentes, que detengan el envío de este proyecto, que abran conversaciones colegiadas con sectores más amplios que los que ya han sido convocados (no consultas on line) y que eviten toda tentación de presionar en las postrimerías del gobierno, para ingresar un proyecto que no tendrá apoyo en un aspecto central de un sistema de filantropía viable, cual es la confianza ciudadana.

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