El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) dio a conocer la Política Nacional de Cultura 2017-2022. “Cultura y desarrollo humano: derechos y territorio”, documento que define los lineamientos y orientaciones del quehacer del Estado en el campo cultural para los próximos cinco años, y que concibe la cultura al centro del desarrollo humano con un marcado énfasis en la participación desde la territorialidad y un enfoque en los derechos de la ciudadanía cultural.
Esta hoja de ruta es fruto de un proceso amplio y participativo que comenzó en 2014, se desarrolló a la par con la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y contempló la participación de más de 5 mil personas en 90 encuentro ciudadanos.
Este documento destaca porque plantea nuevos énfasis y temas en los que las personas se encuentran al centro, pero también porque pone el foco en la descentralización y desconcentración del territorio, en el valor de cada una de las realidades y necesidades locales, en el empoderamiento de la ciudadanía cultural y la manera en que ésta tiene la oportunidad de involucrarse en su proceso de implementación.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ha coordinado el desarrollo de 24 políticas públicas en el ámbito de la cultura para el quinquenio 2017 – 2022, entre las que cuentan las quince políticas regionales que ya se encuentran publicadas, al igual que las ocho políticas sectoriales (Artesanía, Artes de la visualidad, Artes escénicas, Diseño, Arquitectura, Libro y lectura, Música y Audiovisual) y la Política Nacional de Cultura, todas disponibles en el sitio web www.cultura.gob.cl/politicas-culturales. Esta última además se encuentra disponible para descargas en la Biblioteca Pública Digital.
La Política Nacional cuenta con diez orientaciones emanadas de un amplio proceso de participación ciudadana que comenzó en 2014 -contemplando la intervención de más de cinco mil personas en 90 encuentros- y que se desarrolló a la par de la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para fijar, por lo menos hasta el año 2020, las definiciones que guiarán el quehacer del Estado en materia cultural:
- Cultura como pilar del desarrollo sostenible, resguardando los derechos culturales de las generaciones por venir, tanto a nivel local como nacional.
- Una creación libre y diversa, tanto individual como colectiva, socialmente valorada, respetando la propiedad intelectual y los derechos de autor.
- Un campo artístico-cultural fortalecido, estable y sostenible que respete los derechos laborales de los trabajadores de la cultura.
- Ciudadanías activas y con incidencia en la acción pública en cultura.
- Un tejido social cohesionado a través de la participación cultural de todas las personas, basado en el principio de no discriminación.
- La interculturalidad y la diversidad cultural como fuente de riqueza cultural para la sociedad en su conjunto.
- El patrimonio como un bien público y una construcción social, donde las comunidades colaboren con aquellos referentes significativos que les dan sentido e identidad.
- Memorias históricas y colectivas reconocidas, valoradas y (re)construidas en equilibrio con la institucionalidad y las comunidades.
- Una educación integral que considera a las artes, la cultura y el patrimonio como componentes fundamentales en el desarrollo de las personas y de la comunidad.
- Procesos innovadores y diversos de mediación cultural, artística y patrimonial, para una ciudadanía activa y en pleno conocimiento de sus derechos culturales.
